Oscar Andrés Seoneray, líder del pueblo indígena Uitoto, alza su voz

 

“No hay garantía de los derechos de los pueblos indígenas”

Los indígenas se categorizan en Bogotá. Para que exista un enfoque diferencial étnico implica hacer ajustes en la institucionalidad. La oferta institucional no es una garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

 

Esp. Esther María Pana Pana / periodista

Fotografías: Cortesía pueblo Uitoto

 

El desacuerdo de algunos pueblos indígenas con la institucionalidad y la tendencia política del momento, ha llevado a unas comunidades a impulsar una nueva lucha colectiva con una firme posición de lograr un verdadero cambio desde el fondo de las instituciones del Estado. Donde sean escuchados y atendidos con un enfoque diferencial no sólo étnico sino humano, capaz de ver las necesidades inmediatas de los indígenas víctimas y darles soluciones efectivas a sus problemáticas, garantizándoles así el goce de sus derechos constitucionales.

Los derechos vulnerados de los pueblos indígenas también se reflejan cuando hablamos del reconocimiento, legal e ilegal de las comunidades y autoridades indígenas: “… no se si esto pasa en otras ciudades, pero en Bogotá se comienza a categorizar a los indígenas desplazados, y por supuesto a las comunidades y autoridades. Empezamos a tener indígenas legales (con registro), indígenas ilegales pero reconocidos (cabildos que hacen parte del Consejo Consultivo Bogotá), comunidades de cabildos que son autoridades, pero que no son legalmente reconocidos. En esta última categoría estamos nosotros, ilegales no reconocidos. En este momento, la institucionalidad nos reconoce casi por obligación, gracias a nuestros múltiples derechos de petición, acciones de tutela y reuniones. Pero para ninguno de estas tres categorías ha existido una garantía de los derechos, sólo hay una oferta de la institucionalidad, y aquí hay un tema de fondo”, informó, Oscar Andrés Seoneray, líder del pueblo indígena Uitoto.   

Para garantizar los derechos de los pueblos indígenas que están desplazados y organizados en las ciudades, se debe hablar de una atención con enfoque diferencial y sólo es posible haciendo unos ajustes en las instituciones, a fin de garantizar una efectiva atención diferencial a los pueblos. “Es cómo la institucionalidad, en marco de sus competencias, identifica las necesidades de cualquier pueblo indígena para atender de marera efectiva a esa comunidad. Esto implica hacer una adecuación en las instituciones que cumplen tres fases; (1) una adecuación administrativa, (2) dos; una adecuación técnica y (3) tres; una asignación presupuestal especifica”.

No hay avance

   La voluntad política, juega un papel importante en garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, “porque si no soy de esta tendencia política, entonces no me atienden y no podemos hacer nada. Estamos con las manos atadas, ni contamos con el apoyo del Ministerio Público, porque es desgastante sólo al ver las posiciones del Ministerio, defendiendo a la institucionalidad y no defendiendo los derechos de los pueblos, no estamos pidiendo cosas personales, sino pidiendo la garantía efectiva de nuestros derechos. Y eso se traduce en barreras de acceso y en retroceso del proceso”, denunció Seoneray.

Asimismo, Seoneray resaltó que la institucionalidad solo ve a los pueblos indígenas como el problema, unos firmantes de listas de asistencia y unos modelos para las fotos, pero jamás como unos operadores de convenios, creadores y constructores de soluciones para la sociedad.